El Ministerio Público presentó el Manual de Política de Persecución Penal: “Promueve transparencia, previsibilidad y una actuación uniforme en defensa del interés público”

El Ministerio Público de San Juan presentó oficialmente el lunes 27 de abril el Manual de Política de Persecución Penal, en un acto que reunió a autoridades de los tres poderes del Estado, periodistas y miembros de la institución.

El documento es el resultado del trabajo de la Comisión Redactora, integrada por representantes de los poderes Judicial, Ejecutivo y Legislativo, a saber: Unidades Fiscales de Investigación, la Fiscalía de Impugnación, la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, la Policía de San Juan y el Servicio Penitenciario Provincial. 

Durante la presentación, el Fiscal General, Dr. Guillermo Baigorrí, subrayó la necesidad de “establecer criterios de actuación preestablecidos, generales, escritos y anticipados, que orienten el ejercicio de la acción penal pública y eviten la discrecionalidad”. En ese sentido, el Manual promueve transparencia, previsibilidad y una actuación uniforme en defensa del interés público.

Ejes centrales y definiciones operativas del Manual

Principios

- Establece la actuación bajo principios de legalidad, objetividad, unidad de criterio y dependencia jerárquica. 

- Dispone la obligatoriedad de actuar con motivación fundada, transparencia, eficiencia y gestión activa del conflicto.

- Garantía de publicidad de los actos sin afectar derechos de las partes.

 Criterios para el abordaje del delito

Regula de forma detallada la investigación penal y crea pautas operativas concretas:

- Dirección funcional del fiscal sobre la policía.

- Presencia del fiscal en hechos graves para mejorar la calidad investigativa.

- Protocolos de preservación de la escena del crimen, incluyendo evidencia digital.

- Sistema integral de cadena de custodia, con etapas definidas (recolección, documentación, transporte, análisis y presentación).

- Creación de instancias de diagnóstico criminal conjunto con Policía y Servicio Penitenciario, al menos una vez al año.

- Intercambio de información entre unidades fiscales para un abordaje integral.

Abordaje de la conflictividad

Introduce criterios específicos para conflictos complejos:

- Identificación de conflictos de alto impacto (multiplicidad de actores, afectación de servicios públicos, repercusión social).

- Creación de instancias de diálogo y mediación institucional previas a la judicialización.

- Implementación de medidas preventivas coordinadas con fuerzas de seguridad.

Política en relación al proceso

Fija reglas claras de gestión judicial:

- Resolución de casos en plazos breves para evitar prescripción.

- Criterios uniformes para decisiones iniciales (archivo, formalización, desestimación).

- Regulación del uso de herramientas como: criterios de oportunidad (con límites estrictos), suspensión de juicio a prueba, juicio abreviado.

- Lineamientos para medidas cautelares, basados en proporcionalidad y razonabilidad.

- Obligación de impugnar resoluciones judiciales cuando afecten la acción penal.

Política en relación a la víctima

Refuerza el rol central de la víctima en el proceso:

- Garantiza derechos de información, participación y acompañamiento.

- Establece mecanismos de protección integral para víctimas y testigos.

- Obliga a considerar su opinión en decisiones clave como salidas alternativas.

Derechos del imputado

Establece pautas para asegurar:

- Respeto irrestricto a garantías constitucionales.

- Investigación objetiva y sin arbitrariedades.

- Protección de la dignidad y derechos fundamentales.

Perspectiva de género

Incorpora políticas específicas para:

- Investigación con enfoque de género.

- Tratamiento prioritario de hechos de violencia familiar, sexual o contra personas vulnerables.

- Restricción de salidas alternativas en casos sensibles.

Juicio de cesura

Regula criterios para la determinación de la pena:

- Evaluación diferenciada de responsabilidad y sanción.

- Aplicación de parámetros de proporcionalidad y fundamentación.

Ejecución de las penas

- Control del cumplimiento de condenas.

- Coordinación con el sistema penitenciario.

- Seguimiento de medidas impuestas.

Relación con fuerzas de seguridad

Define pautas concretas de coordinación institucional:

- Subordinación funcional de la investigación al fiscal.

- Emisión de protocolos, manuales e instrucciones conjuntas.

- Comunicación permanente y obligatoria en todas las etapas del proceso.

Oficina de Calidad Institucional

Dispone la creación de un área específica de control y mejora:

- Evaluación del desempeño institucional.

- Monitoreo de cumplimiento de estándares.

- Implementación de procesos de mejora continua.

Política comunicacional

- Comunicación institucional transparente y responsable.

- Relación con medios de comunicación.

- Protección de la investigación, la víctima y el principio de inocencia.

El Manual se posiciona como una herramienta clave para ordenar la persecución penal, reducir la discrecionalidad y fortalecer la articulación entre organismos, consolidando un modelo de justicia eficiente, transparente y orientado a la resolución de los conflictos.