Realizaron un allanamiento en la Secretaría de Obras Públicas por posible delito en la gestión de Uñac

Realizaron un allanamiento en la Secretaría de Obras Públicas por posible delito en la gestión de Uñac

Desde la gestión de Marcelo Orrego, se puso a disposición toda la documentación para que se investigue una posible defraudación durante el Gobierno peronista de Sergio Uñac.

Se secuestró documentación original vinculada a contrataciones directas en el área de la Dirección de Mantenimiento y Obras Menores.

Este lunes por la mañana, la Justicia de San Juan ordenó allanamientos en oficinas de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, ubicada en el Centro Cívico de la provincia.

El procedimiento se enmarcó dentro de la investigación de una causa penal que investiga presuntas irregularidades en contrataciones directas que se habrían producido durante la gestión del peronista Sergio Uñac, cuando era gobernador.

Se secuestró documentación considerada importante para determinar si existieron delitos contra la propiedad vinculados a defraudaciones y estafas dentro del Estado.

La orden de allanamiento fue liberada por la Oficina Judicial Penal de Finalización de Causas del Sistema Mixto, órgano que habilitó a la Unidad de Apoyo Investigativo de la Policía de San Juan a ingresar a distintas oficinas del área de Obras Públicas, en el Centro Cívico.

La búsqueda de pruebas se centró en la Dirección de Mantenimiento y Obras Menores y en otras dependencias donde puedan existir expedientes originales.

La Justicia buscó secuestrar expedientes de contrataciones directas, especialmente aquellos que incluyen planillas de Cómputo y Presupuesto con firmas atribuidas a Roberto Enrique Aguirre, quien figura como Maestro Mayor de Obras.

La documentación dará elementos al Poder Judicial para evaluar posibles responsabilidades administrativas y penales.

Por ahora la causa avanza en la recolección de pruebas y se buscó preservar material sensible que podría resultar determinante para confirmar o descartar la existencia de irregularidades en el uso de recursos públicos y en los procedimientos de contratación del Estado provincial.