El Tribunal del Mar fijó para el 28 de noviembre el anuncio del fallo sobre el petróleo de Malvinas

El Tribunal del Mar fijó para el 28 de noviembre el anuncio del fallo sobre el petróleo de Malvinas

El organismo con sede en Hamburgo determinó que en 17 días decidirá si el proyecto Sea Lion puede avanzar según su cronograma o si debe paralizarse hasta que se resuelva el fondo de la disputa entre Argentina y el Reino Unido. Los puntos que exige la delegación nacional.

El Tribunal Internacional del Derecho del Mar prevé anunciar el 28 de noviembre su decisión sobre las medidas cautelares pedidas por Argentina para impedir el inicio de proyectos de explotación de hidrocarburos en las islas Malvinas por parte de empresas que recibieron licencias del Reino Unido.

"La fecha para la lectura de la providencia en este asunto queda fijada provisionalmente para el sábado 28 de noviembre de 2026 al mediodía", dijo el presidente del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, el camerunés Maurice Kamga.

Kamga tras concluir las vistas orales de dos días de duración en las que Argentina y el Reino Unido expusieron sus argumentos a favor y en contra de las medidas provisionales.

Qué pidió Argentina

Argentina ha pedido al Tribunal Internacional del Derecho del Mar cuatro medidas cautelares para impedir el inicio o la continuación de la explotación de los recursos de hidrocarburos en la plataforma continental de la Cuenca Norte de las Malvinas a través del proyecto Sea Lion, cuyas perforaciones están previstas para marzo de 2027 y su explotación un año después.

También exigió que el Reino Unido se abstenga de utilizar la información obtenida durante la exploración de los recursos naturales de las áreas marítimas en disputa en detrimento de los derechos de la República Argentina.

Asimismo, solicitó que Londres cese "en toda conducta" que impida a Argentina cumplir con las obligaciones bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de "proteger y preservar el medio marino de las áreas marítimas objeto de la controversia sobre la soberanía de las islas Malvinas".

Además, pidió al Tribunal Internacional del Derecho del Mar que dictamine que el Reino Unido se abstenga "de adoptar cualquier otra medida que pueda agravar la controversia", en particular, de otorgar nuevos permisos para la explotación de los recursos de la plataforma continental.

Argentina argumentó la urgencia de su solicitud con los perjuicios a los que, en su opinión, se expone el país si en marzo de 2027 comienzan las perforaciones porque constituiría un "hecho consumado" o fait accompli "irreversible".

El proyecto de explotación, cuya decisión de inversión definitiva fue aprobada en 2025 y que será ejecutado por la petrolera israelí Navitas, 65 %, y la británica Rockhopper, 35 %, no consiste solo en encontrar petróleo, sino en extraerlo mediante hasta 26 pozos y un sistema integral de producción instalado en el lecho marino, diseñado para extraer más de 300 millones de barriles durante un período de 30 años, según alegó en Hamburgo la delegación argentina.

Además, argumentó que, al igual que la soberanía territorial de las islas Malvinas es objeto de controversia, "lo mismo ocurre con los espacios marítimos" del archipiélago.

Asimismo, se alegó que el archipiélago sigue figurando en la lista de territorios no autónomos de la ONU pendientes de descolonización.

El argumento británico

El Reino Unido por su parte, afirmó que "no hay duda" sobre su soberanía de las islas y que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar no es competente para dirimir en un asunto que versa sobre la soberanía territorial.

La fiscal general del Reino Unido, Ellie Reeves, argumentó que, mediante las medidas cautelares pedidas al Tribunal Internacional del Derecho del Mar, Argentina "pretende instrumentalizar la Convemar y a la corte para su causa".

Además, alega que la delegación argentina no ha demostrado de forma "plausible" la urgencia de medidas provisionales, ya que "no habrá ninguna perforación hasta marzo de 2027" y no habrá más licencias en el futuro porque el régimen de concesión está suspendido.