Impulsan en San Juan un “Régimen Provincial Extraordinario de Alivio y Regularización del Sobreendeudamiento Familiar”

El abogado Marcelo Alberto Arancibia presentó ante la Cámara de Diputados de la Provincia de San Juan una iniciativa ciudadana para crear el “Régimen Provincial Extraordinario de Alivio y Regularización del Sobreendeudamiento Familiar”.

La iniciativa propone distribuir el esfuerzo entre deudores y entidades crediticias, proteger el salario de los agentes públicos, otorgar alivio tributario temporal y prohibir el financiamiento de apuestas electrónicas.

La propuesta fue dirigida al presidente nato de la Cámara de Diputados, Doctor Fabián Martín, y solicita su ingreso como Comunicación Particular, su distribución entre los bloques legislativos y la adopción formal del proyecto por una legisladora, un legislador o un bloque parlamentario, conforme al procedimiento previsto por la Constitución provincial.

El anteproyecto parte de una realidad concreta: numerosas familias destinan una proporción creciente de sus ingresos al pago de préstamos, tarjetas, compras financiadas y otros compromisos, hasta el punto de poner en riesgo la alimentación, la vivienda, la salud, la educación y los servicios esenciales.

“El sobreendeudamiento no siempre es consecuencia de una conducta irresponsable. Muchas veces se origina en la inflación, la pérdida del poder adquisitivo, el desempleo, una enfermedad o en la concesión de créditos sin una evaluación adecuada de la verdadera capacidad de pago”.

Una respuesta extraordinaria y temporal

La iniciativa propone declarar por doce meses la emergencia provincial en materia de sobreendeudamiento familiar y protección de los ingresos. Durante ese período se implementaría un programa gratuito de asistencia, diagnóstico y conciliación administrativa para personas que registren mora, comprometan más del 30 % de sus ingresos en deudas o no puedan afrontarlas sin afectar las necesidades básicas del hogar.

Principales medidas

Esfuerzo compartido. La persona deudora deberá transparentar su situación y realizar el máximo esfuerzo de pago compatible con el mínimo vital familiar. El proveedor deberá asumir una parte razonable del riesgo cuando haya concedido crédito sin evaluar adecuadamente la capacidad de repago, aplicado cargos injustificados o promovido refinanciaciones insostenibles.

Régimen especial con Banco San Juan. Se propone que el Poder Ejecutivo negocie con el agente financiero provincial una adenda al contrato de vinculación. Incluiría eliminación de cargos ilegítimos, condonación de intereses moratorios y punitorios, reducción de intereses compensatorios, 90 días de gracia y planes de hasta 48 meses.

Protección del salario público. Los agentes de la Administración Pública Provincial podrían solicitar por doce meses la suspensión de códigos de descuento voluntarios destinados a préstamos, compras financiadas y obligaciones comerciales. La deuda no se extingue ni se condona: se suspende el mecanismo automático y el acreedor debe ofrecer un medio gratuito de pago.

Preservación del ingreso. Las deducciones voluntarias que continúen aplicándose no podrían reducir la porción disponible del haber por debajo del 60 % de la remuneración neta, luego de las retenciones obligatorias, alimentos y embargos judiciales.

Alivio tributario. Las personas incorporadas al programa accederían por doce meses a beneficios focalizados sobre la vivienda única, un vehículo esencial y, en ciertos casos, el componente provincial de Ingresos Brutos. Para deudas anteriores se suspenderían temporalmente el cobro y los intereses, sin condonar el capital.

Adhesión municipal. Se invita a los municipios a conceder beneficios equivalentes sobre tasas, derechos y contribuciones, preservando su autonomía.

Prohibición de financiar apuestas. Los operadores de apuestas electrónicas autorizados en San Juan no podrían otorgar créditos, adelantos, saldos negativos ni otras formas de financiamiento para apostar, ni presentar el juego como una solución para las deudas.

Crédito responsable y cobranza digna. Los proveedores deberán evaluar y documentar la capacidad de pago antes de otorgar o refinanciar créditos. Se prohíben amenazas, hostigamiento, simulación de actuaciones judiciales, divulgación a terceros y contactos automatizados abusivos.

Sin trasladar deuda privada al Estado

El proyecto aclara que la Provincia no pagará ni garantizará capitales privados. Su finalidad es promover acuerdos sostenibles, reducir la litigiosidad y permitir que las obligaciones sean cumplidas sin privar a las familias de los recursos indispensables para una vida digna.

“No se propone liberar indiscriminadamente al deudor ni trasladar las deudas privadas al Estado. Se busca que las obligaciones se paguen de una manera posible, que el crédito profesional asuma el riesgo que le corresponde y que el salario no sea vaciado por descuentos automáticos”.

Información pública y competencias provinciales

El anteproyecto prevé crear un Observatorio Provincial de Endeudamiento de los Hogares, encargado de publicar datos estadísticos anónimos sobre morosidad, compromiso de ingresos, créditos bancarios y no bancarios, códigos de descuento, apuestas financiadas y resultados de los acuerdos.

La iniciativa fue diseñada dentro de las competencias provinciales en defensa del consumidor, empleo público, tributos locales, juegos de azar, procedimientos administrativos y relación contractual con el agente financiero. No crea un régimen concursal provincial, no suspende automáticamente procesos judiciales ni modifica competencias del Congreso de la Nación o del Banco Central.

“El propósito es que las familias sanjuaninas puedan afrontar sus obligaciones sin sacrificar alimentación, vivienda, salud o educación. El crédito debe ser una herramienta de inclusión y no un mecanismo permanente de exclusión económica”, concluyó Arancibia.