Fiscalía de Estado iniciará demandas civiles por amenazas de bomba en edificios públicos

La Fiscalía de Estado de la Provincia de San Juan informó que, frente a la reiteración de amenazas de bomba en edificios públicos, se ha dispuesto dar inicio de demandas civiles por daños y perjuicios contra quienes resulten responsables por si, o por personas a su cargo bajo responsabilidad parental, en paralelo al seguimiento de las acciones penales correspondientes.

Estas conductas, en donde el Estado Provincial es víctima, además de generar alarma social y desviar recursos públicos esenciales, constituyen hechos de gravedad que no pueden quedar impunes.

“Desde hace aproximadamente dos semanas, empezamos a trabajar con los equipos del área penal y del área de daños y perjuicios a los fines de encarar este tema desde el punto de vista judicial”, explicó Dávila.

“Vamos a iniciar acciones civiles por demanda por daños y perjuicios contra todas las personas mayores de edad que están involucradas en esto y contra las personas mayores de edad que tienen responsabilidad de tutela parental, es decir, por los hechos ocasionados por sus menores que tienen bajo su guarda”, señaló.

El monto mínimo de las demandas será de $4.000.000, cifra que puede aumentar según el tipo de daño ocasionado. “Ese monto surge del costo de los operativos en el hospital Rawson y en la Escuela Boero. A partir de ahí, hacia arriba, porque también hay otros daños: los directos, los indirectos y los colectivos”, indicó.

“Nosotros vamos a procurar que aquellos menores que están en conflicto con la ley penal reciban la tutela de la Dirección de Niñez, Familia y Adolescencia. Allí se los someterá a estudios familiares, vecinales y sociales, y eventualmente al Programa de Justicia Restaurativa Juvenil que ya está previsto en el Poder Judicial de San Juan”, precisó.

“En total tenemos contabilizados 16 casos, de los cuales ocho han sido protagonizados por personas mayores y los otros ocho por menores. A todos ellos les vamos a iniciar acciones por daños y perjuicios: a los mayores, en su caso, y a los menores, a sus padres”, explicó.

“El patrimonio de la provincia se ve afectado porque hay un desvío de recursos económicos esenciales para el funcionamiento del Estado. Nosotros tenemos la obligación de recuperarlos”, enfatizó.

Dávila advirtió sobre la gravedad de este tipo de delitos, tipificados como intimidación pública en el artículo 211 del Código Penal. “Queremos evitar que se sigan produciendo estas llamadas. Si lo hacen, tendrán consecuencias muy duras, porque la verdad es que los montos van a ser muy duros”, concluyó.

Además, en los casos penales en donde se ha identificado la participación de personas menores de edad, se solicitará la intervención de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, a fin de garantizar un abordaje integral que contemple tanto la dimensión legal como la socioeducativa del menor en conflicto con la ley penal, con la participación de su círculo familiar, vecinal y social, según corresponda y de acuerdo a lo que determine el abordaje de los gabinetes técnicos de la propia Dirección o bien, según lo crea conveniente, mediante el Programa de Justicia Restaurativa Juvenil, a cargo del Poder Judicial de la Provincia de San Juan, con el objetivo de promover el análisis, la reflexión, y la prevención de futuras conductas de riesgo.

De este modo se reafirma el compromiso con la seguridad de la ciudadanía, la protección integral de los espacios públicos, y el fortalecimiento de una convivencia basada en el respeto y la responsabilidad que contribuya a la paz social de la Provincia.