Gobierno reclamó a Boudou que devuelva más de $236 millones por su jubilación de privilegio

Capital Humano y ANSES sostienen que el exvicepresidente cobró el beneficio de manera indebida tras su condena en la causa Ciccone.

El Ministerio de Capital Humano y ANSES iniciaron una acción judicial contra Amado Boudou para recuperar los montos percibidos durante el tiempo en que cobró la asignación mensual vitalicia correspondiente a su cargo como exvicepresidente.

El reclamo asciende a $236.066.031, aunque el monto podría incrementarse si prospera la actualización que también fue solicitada en la presentación.

Según el comunicado emitido por ambas dependencias, el beneficio fue cobrado "indebidamente" por el economista, ya que la asignación le fue revocada tras haber sido declarado "autor penalmente responsable de los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública".

La demanda fue presentada ante la Justicia Civil y Comercial Federal, que resolvió dar curso y ordenó correr traslado.

La decisión se suma a la revocatoria que ya se había aplicado en noviembre de 2024, cuando el entonces Director de ANSES, Mariano de los Heros, dejó sin efecto la jubilación de privilegio que Boudou percibía.

En aquel momento, la Ministra Sandra Pettovello había afirmado: "Con el mismo criterio que se aplicó a Cristina, se suspenderá la jubilación de privilegio a Amado Boudou".

La resolución administrativa se basó en que el exfuncionario fue condenado por delitos contra la administración pública durante su ejercicio en funciones.

"El hecho de haber sido encontrado culpable tornaba inadmisible que pudiera seguir percibiendo de modo directo o derivado asignaciones de privilegio", se detalló.

Boudou y su condena

En diciembre de 2020, la Corte Suprema dejó firme la condena a cinco años y diez meses de prisión para Boudou por su participación en el caso Ciccone. Actualmente cumple esa pena bajo la modalidad de prisión domiciliaria

Boudou fue sentenciado en 2018 a cinco años y diez meses de prisión por su rol en la adquisición irregular de la imprenta Ciccone, operación que se consideró hecha en beneficio propio mediante el uso de testaferros. La Corte Suprema confirmó la condena en 2020, dejándola firme.

El caso Ciccone no solo involucró el intento de apropiación de la imprenta más importante del país, sino también contratos posteriores del Estado con la empresa, incluso tras la condena a Boudou. La firma imprimió tanto boletas electorales como billetes en años posteriores a los hechos denunciados.