Amplían la denuncia por el Acueducto: señalan a ex funcionarios por corrupción y advierten abuso de precios en la obra

Tras la nota publicada por Tiempo de San Juan, que vincula a Gustavo Monti con la empresa en la mira y al ex presidente de OSSE, el dirigente que impulsó el caso pidió que se indague sobre la presunta comisión de delitos más graves que complicarían a ex autoridades de alto rango.

Luego del estallido del escándalo por el Acueducto Gran Tulum y las irregularidades en la licitación y ejecución de la obra que salpican -a priori- al primo del ex gobernador Sergio Uñac, Gustavo Monti, el dirigente que radicó la denuncia penal pidió que se investiguen delitos más graves que complicarían a ex funcionarios de alto rango. Es que, por primera vez, nombra a ex autoridades y las vincula a una hipótesis de corrupción administrativa estructural.

Tras la publicación de Tiempo de San Juan, que hace referencia a un documento que relaciona a Monti con la empresa en la mira (Krah América Latina S.A) y que pone la lupa sobre el ex presidente de OSSE, Sergio Ruíz, Marcelo Arancibia fue a la carga una vez más y amplió la denuncia ante el Ministerio Público por la supuesta red de irregularidades que incluye abuso de precios y pagos anticipados indebidos.

Con el expediente de OSSE firmado por Monti en carácter de apoderado y por Ruíz, actual asesor del Uñac en su labor como senador, el abogado señaló una serie de anomalías que pondrían tras las cuerdas no sólo a Monti, en su participación privada, sino también a la entonces cabeza de la empresa estatal, dados los presuntos vínculos directos entre el poder político y la empresa adjudicataria de la obra.

Según la denuncia, apoyada la documentación publicada por por este diario, se excedería una relación circunstancial y mostraría un vínculo formal y funcional, con una coincidencia temporal relevante entre decisiones administrativas de fuerte impacto económico y la actuación del familiar del entonces mandatario provincial.

En ese sentido y de probarse esos extremos, el escrito advierte que podrían configurarse, en grado de hipótesis investigativa, los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y violación de los deberes de funcionario público, previstos en los artículos 265 y 248 del Código Penal Argentino.

Exfuncionarios bajo la lupa

Otro punto que refuerza la sospecha de una trama más amplia es la reubicación del ex presidente de OSSE, quien habría intervenido en la aprobación técnica de los materiales utilizados en la obra. De acuerdo con la denuncia, el exfuncionario hoy cumple funciones como asesor político de un senador nacional, lo que para el denunciante podría evidenciar una continuidad funcional y política incompatible con un control independiente de la obra pública.

El escrito señala que esta situación podría ser indicativa de circuitos de protección, premios funcionales o reacomodamientos internos, características habituales de estructuras complejas de corrupción administrativa.

Anticipos bajo sospecha

La ampliación también pone el foco en dos mecanismos contractuales clave: una redeterminación acelerada del 55 % del monto del contrato, y un pago anticipado del 35 %.

Arancibia -en su ampliación- sostiene que estos instrumentos no pueden ser analizados como actos administrativos neutros, sino que podrían haber funcionado como mecanismos típicos de extracción de fondos públicos, en línea con criterios fijados por la Justicia federal en causas emblemáticas de obra pública, como Vialidad y Cuadernos.

Según el escrito, la concurrencia de ambos mecanismos podría responder a un patrón clásico de corrupción estructural, con decisiones sucesivas orientadas a consolidar beneficios indebidos para privados en perjuicio del patrimonio provincial.

Un abanico de delitos posibles

En función del plexo probatorio preliminar, la denuncia solicita que se investigue la posible comisión, en forma hipotética y eventualmente en concurso real, de los siguientes delitos: negociaciones incompatibles con la función pública, tráfico de influencias, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos, administración fraudulenta agravada, y asociación ilícita.

La presentación remarca que los hechos no aparecerían como irregularidades aisladas, sino como conductas reiteradas en el tiempo, con pluralidad de actores y distribución de roles, lo que reforzaría la hipótesis de una corrupción administrativa estructural.

Lo que pidió a la Fiscalía

Finalmente, Arancibia solicitó que se tenga por ampliada la denuncia, que se incorporen los nuevos elementos periodísticos como prueba, que se oficie a OSSE para esclarecer el vínculo de Gustavo Monti con la empresa adjudicataria y el pase en comisión del ex presidente del organismo, y que se profundice la investigación penal respecto de todos los funcionarios y particulares eventualmente involucrados.

La causa, que ya generaba ruido político, escaló ahora a un nivel mayor, al poner bajo sospecha no solo decisiones administrativas, sino posibles vínculos familiares, beneficios posteriores y un esquema sostenido en el tiempo, que de confirmarse podría convertirse en uno de los casos de corrupción más sensibles de la obra pública sanjuanina reciente.

Fuente: Tiempo de San Juan. -