Acueducto Gran Tulum, Marcelo Arancibia presentó denuncia penal para que se investigue la gestión 2015 – 2023 por: "negociaciones incompatibles, malversación de caudales públicos, abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público, defraudación al Estado, dádivas, y asociación ilícita"

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El dirigente político, abogado y ciudadano sanjuanino Marcelo Arancibia formuló una denuncia penal para que se investigue actos de presunta corrupción en el manejo de la obra del Acueducto Gran Tulum que desde el año 2015 y hasta fines del 2023 todos  sabían y nadie hacia absolutamente nada.

Investigaciones y juicios a periodistas pusieron los detalles a la vista de todo el mundo, pero una cosa es mirar y la otra es ver, y no la vieron. Muchos de los que toman como “bandera” la ficha limpia no hicieron mucho para que eso sea una realidad en la provincia de San Juan.

El ex candidato a gobernador de San Juan, Marcelo Arancibia, presentó la denuncia ante el Ministerio Público Fiscal para que se investigue una licitación que habría favorecido a una empresa ligada a un familiar del ex gobernador peronista Sergio Uñac.

La denuncia presentada ante el Ministerio Público Fiscal  hace foco en una serie de elementos que podrían configurar delitos contra la administración pública en la ejecución de la obra del Acueducto Gran Tulum.

Solicitó pericias, testimonios y documentación oficial para determinar si se cometieron delitos contra la administración pública.

En su denuncia, el abogado explica que este 10 de diciembre se cumplen 2 años desde que ocurrió el cese de los ex funcionarios de la gestión de Uñac, llevada adelante entre el 2015 y el 2023, y luego de ese plazo ya no podrán ser investigados por enriquecimiento ilícito sus integrantes, según el artículo 268 bis del Código Penal.

Ese artículo penaliza el enriquecimiento patrimonial que no pueda justificarse, ocurrido durante el ejercicio del cargo y hasta dos años después de haberlo dejado.

Arancibia recordó que el Ministro de Economía, Roberto Gutiérrez, afirmó que "la obra no estaría, pero los pagos sí", en clara alusión a la devolución del crédito de 100.000.000 de dólares contraído con Kuwait.

Ante esta situación, el abogado requirió que, en caso de verificarse delitos, quienes hayan actuado como autores o partícipes "devuelvan lo robado".

Qué se deberá investigar

El texto presentado ante el Ministerio Público fiscal solicita formalmente que se investiguen hechos de "gravedad institucional" vinculados a las contrataciones estatales para la construcción del Acueducto Gran Tulum.

Explica que las maniobras denunciadas podrían configurar delitos como violación de deberes de funcionario público, malversación de fondos, cohecho, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación al Estado y asociación ilícita administrativa.

La denuncia se dirige a funcionarios públicos del Gobierno peronista que tuvo San Juan durante los periodos que fueron desde el 2015 al 2019, bajo el mando de Sergio Uñac, y luego el que fue desde el 2019 al 2023, segundo periodo del actual senador.

Se solicita que se investiguen contrataciones, obras públicas, control de calidad y certificaciones, así como a directivos de la empresa adjudicataria.

Direccionamiento de obra pública

Según Arancibia, la empresa proveedora de tuberías del Acueducto Gran Tulum, Krah América Latina S.A., estaría vinculada a un familiar directo, en este caso un primo, del exgobernador Sergio Uñac.

De confirmarse el vínculo, configuraría negociaciones incompatibles con la función pública y tráfico de influencias.

También se deberán investigar testimonios de empresas que compitieron en la licitación y que habrían advertido que el pliego estaba "orientado" para favorecer a esa firma, lo que, según la denuncia, podría constituir abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público y fraude en perjuicio del Estado.

Presuntos  sobreprecios

En el escrito presentado ante Fiscalía se citan informes técnicos y advertencias previas que señalaban que los caños ofrecidos por la empresa proveedora eran más caros, tenían menor respaldo técnico y presentaban deficiencias estructurales.

Para Arancibia, ignorar estos datos podría constituir una violación de deberes funcionales.

También se hace referencia a diferencias de precios significativas entre la oferta adjudicada y la de empresas competidoras, lo que reforzaría la hipótesis de sobreprecios.

La provincia ya comenzó a pagar el crédito internacional sin que la obra esté terminada. Esto podría definirse como "administración fraudulenta, abandono de deber de control y posible beneficio económico indebido a particulares".

Qué delitos podrían probarse con la denuncia

De manera provisoria, la presentación marca 7 figuras penales que podrían estar en juego: "negociaciones incompatibles, malversación de caudales públicos, abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público, defraudación al Estado, dádivas, y asociación ilícita".

Según la denuncia, estas figuras derivan de una conjunción de hechos: contratos vinculados a familiares de ex funcionarios, desvío de fondos, aprobación de materiales deficientes, sobreprecios y pagos sin contraprestación suficiente.

El escrito de Marcelo Arancibia respalda la denuncia con jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en casos como: Nissen, Cotroneo, Yoma e IBM Banco Nación.

En todos estos casos de corrupción de la historia argentina, "se establece que la corrupción es un delito pluriofensivo y que los funcionarios tienen una obligación especial de legalidad, incluso cuando no haya un perjuicio económico probado".

También citó la doctrina penal que refiere a la violación de deberes, la cual surge ante cualquier apartamiento de la legalidad, y que establece que el conflicto de intereses con familiares directos configura negociación incompatible sin necesidad de probar un beneficio.

Qué medidas probatorias se le requieren al Ministerio Público Fiscal

La denuncia ofrece prueba documental basada en 6 notas periodísticas y solicita abundante información a organismos del Poder Ejecutivo provincial, entre ellos Infraestructura, Economía, Hidráulica, OSSE y Contaduría General.

Asimismo, se solicitó informes a la Legislatura y al Tribunal de Cuentas, para saber el estado de los controles realizados.

Incluye "pericias técnicas sobre la calidad de los caños, pericias económicas sobre precios y sobreprecios, y pericias contables sobre los pagos y certificaciones".

En el escrito se pide citar como testigos a ingenieros, técnicos y al Ministro de Economía actual, Roberto Gutiérrez.

Arancibia pide que se notifique a la Fiscalía de Estado, ya que es el organismo encargado de defender el patrimonio provincial y podría constituirse como querellante.

Finalmente, en la presentación del abogado Marcelo Arancibia, se indica que "se tenga por formulada la denuncia penal, se abra la investigación preparatoria, se recolecte toda la documentación requerida, se cite a los testigos propuestos, se realicen las pericias, se investigue a funcionarios y particulares involucrados y, eventualmente, se eleve la causa a juicio".